En concreto a trece trabajadores fijos que la empresa decidió enviar al paro a finales del mes de julio. El restaurante ‘La Torre’ en Oviedo tenía a parte de este personal dedicado a la actividad hostelera. Prestando servicios para estas dos empresas, Wellnessport CIO SL y MICARBI SL, basadas en explotación de instalaciones deportivas, competiciones, eventos ecuestres…
La Dirección General de Empleo del Principado de Asturias había autorizado el 6 de abril un ERTE con una duración igual al estado de alarma. Una medida que el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, puso a disposición de los empresarios durante la irrupción del Covid-19 para proteger el tejido laboral y que todavía continúa vigente.
La Dirección General de Empleo del Principado de Asturias había autorizado el 6 de abril un ERTE con una duración igual al estado de alarma. Sin embargo, la empresa no reanudó la actividad ni total ni parcialmente y decidió comunicar a los trabajadores el despido. Entre ellos, varios camareros, un repostero, dos limpiadoras y un cocinero, que dejaron de tener empleo en verano.
Un despido no justificado
El sindicato UGT interpuso la demanda alegando que cuando se les comunicó el despido, el 11 de agosto, la empresa no aportó las cuentas del ejercicio 2019 ni la previsión del ejercicio 2020 por lo que no existía información contable.
Además, sostenía que el ERTE que había estado vigente era “suficiente” y “proporcionado” para paliar la situación económica de la empresa. Para el restaurante ‘La Torre’ el despido se basaba en “continuas pérdidas durante tres trimestres consecutivos” y “la perspectiva de futuro” en la que esperaban incluso pérdidas mayores.
En la sentencia, la magistrada ponente Cristina García Fernández, recuerda que el Real-Decreto aprobado por el Gobierno contempla la suspensión de los contratos y la reducción de jornadas por causas económicas. Además, limita los despidos por:
“El compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad”.
“Resulta patente que el legal representante de los trabajadores no pudo conocer la situación real y actual de la empresa al mes de julio de 2020 con la documentación aportada”. Explica la magistrada.