Una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL). Establece que la Administración General del Estado tiene que reconocer a un funcionario de carrera de Burgos los cinco trienios que tiene como personal laboral, ha informado en nota de prensa el sindicato CSIF.

Para el sindicato, esta sentencia abre las puertas de ese derecho al reconocimiento de esa antigüedad para el resto de empleados de la Comunidad. Los cuales se encuentren en una situación similar.

CSIF celebra esta sentencia, que se refiere a un funcionario que tiene actualmente el puesto de gestor informador en la Dirección Provincial de Burgos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Al que llegó tras superar un proceso de funcionarización por promoción interna, desde su anterior puesto de personal laboral, que ocupó durante 15 años.

El fallo anula una resolución administrativa de la Tesorería General de la Seguridad Social de Burgos, con fecha de 26 de julio de 2019. Por la que se desestimaba la solicitud del funcionario afectado, que reclamaba el reconocimiento y abono de cinco trienios, con arreglo a la cuantía que corresponde en el momento en el que fueron consolidados cuando era personal laboral, que es más dinero que el que se le viene abonando por los trienios de funcionario.

La resolución, del TSJCyL reconoce ese derecho del pago de esos cinco trienios como personal laboral y condena al abono de las diferencias retributivas existentes. Con carácter retroactivo, que ascienden a 3.124 euros (más los intereses legales). En el periodo desde el 1 de agosto de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2019, continuándose el pago de los cinco trienios en fechas sucesivas.

El responsable del sector de la Administración General del Estado de CSIF. Juan Carlos González, confía en que esta sentencia, que abre la puerta de este reconocimiento al resto de empleados públicos de la Comunidad. Hagan que las administraciones reconozcan ese derecho sin tener que acudir a los tribunales, y que lo acepten de oficio.

CSIF remarca que ya existe una jurisprudencia al respecto, a la que casi ninguna administración parece hacer caso.

Por ello, espera que todos los ministerios sigan el mismo camino y reconozcan ese derecho a los trabajadores que se encuentren en una situación similar. 

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